Negocios en zona de conflicto
Aunque los negocios relacionados con los conflictos y las guerras se han repetido a lo largo de la Historia, desde el comercio de armas hasta el rescate de prisioneros, llama la atención que en la actualidad exista un mercado transnacional relacionado con la fuerza, capaz incluso de influir en procesos políticos y sociales. Tras su surgimiento más o menos con el final de la Guerra Fría y su consolidación definitiva con las invasiones de Irak y Afganistán, las EMSP se han convertido en un actor habitual en los escenarios de conflicto del siglo XXI.
Las EMSP están consideradas teórica y socialmente como empresas; tienen afán de lucro, cuentan con sedes, se establecen de manera legal y actúan como cualquier negocio: ofrecen por contrato sus servicios a un número amplio de clientes, tanto de carácter público como privado. Lo que las convierte en un negocio bastante particular es que esos servicios están ligados de forma directa o indirecta al uso de la fuerza armada y que pueden operar en áreas de conflicto armado o zonas inestables donde la acción del Gobierno responsable está ausente o es insuficiente.
Las EMSP forman parte de un sector que también aporta otros servicios de carácter más cotidiano: guardias de edificios e infraestructuras, instalación de alarmas, guardaespaldas privados, etcétera. En áreas conflictivas, ofrecen servicios de protección de personal o bienes, entrenamiento, asesoría o mantenimiento de sistemas armamentísticos. Asimismo, pueden ofrecer tareas como el interrogatorio de detenidos, unidades caninas, servicios de inteligencia, desminado del terreno e incluso la participación en hostilidades. En definitiva, las EMSP proporcionan combatientes, técnicos, instructores o asesores a quienes los contratan —normalmente Gobiernos y empresas, aunque también instituciones u otros actores no estatales presentes en los conflictos—.
En un mundo globalizado con una reducción del papel de los Estados por un lado y la expansión del capitalismo y aparición de grandes compañías que operan a escala mundial por el otro, el campo de la seguridad se ha convertido en una forma más de negocio en la que el bien o servicio en oferta es el uso de la fuerza. Por ello, es normal que en el imaginario colectivo las EMSP se relacionen automáticamente con una figura que también ha estado muy presente en la Historia de los conflictos: los mercenarios. En este sentido, existe una gran controversia en la denominación de los empleados de las EMSP como mercenarios.
Para ampliar: “La privatización de la defensa: Compañías militares privadas y mercenarios”, Fernando Arancón en El Orden Mundial, 2014
En primer lugar, para muchos puede resultar peyorativo, ya que los empleados de una EMSP consideran que simplemente prestan un servicio y realizan un encargo a un cliente. Por otro lado, el Comité Internacional de la Cruz Roja establece que, si los empleados de una de estas empresas no participan directamente en las hostilidades, deben ser tratados como civiles. La distinción de estos trabajadores es fundamental a la hora de aplicar el Derecho internacional humanitario en contextos de conflicto, pero existe aún mucho desacuerdo al respecto, con un margen de maniobra muy impreciso con respecto al tratamiento jurídico de estos actores.
Los Estados y las EMSP
La falta de transparencia en cuanto a lo que en realidad ocurre sobre el terreno es uno de los rasgos más preocupantes de las EMSP, así como la dificultad de recabar datos concretos sobre esta rama de la industria, junto con el debate sobre la participación de empresas privadas en tareas tradicionalmente asignadas a las fuerzas armadas estatales y su correspondiente aplicación del Derecho internacional. Pese a todo ello, la existencia de tanta oferta se justifica precisamente con una correspondiente demanda.
Las razones por las que los Estados de los países desarrollados contratan este tipo de servicios y que han contribuido a su rápido crecimiento redundan en las características del sistema capitalista y la economía de libre mercado: su contratación supone menos coste, mayor especialización, tecnología más avanzada, rapidez y flexibilidad de actuación, además de, por supuesto, un mayor número de efectivos.
Sin embargo, los países con cierta inestabilidad política o Estados fallidos también recurren a servicios militares privados por cuestiones claras, ya que carecen de fuerzas policiales o militares propias con la formación, el número o los recursos suficientes. Por otro lado, en estos mismos países, actores no estatales como compañías multinacionales, ONG o cuerpos institucionales también recurren a las EMSP, lo cual conforma un escenario donde confluyen diferentes partes —algunas, por cierto, generalmente armadas o con un amplio despliegue tecnológico militar, lo que favorece la industria armamentística militar y el comercio de armas—.
Estados Unidos y Reino Unido lideran el mercado de EMSP, además de alojar en sus territorios las sedes de las más importantes —o, más bien, las que conforman el oligopolio del sector—, como pueden ser Academi —antes Blackwater— en Estados Unidos y Aegis Defense Service o G4S en Reino Unido. Por otro lado, encontramos pruebas de que la contratación de este tipo de servicios son habituales en ejemplos relativamente recientes, como el caso de Nigeria, que contrató en 2015 este tipo de empresas en su lucha contra Boko Haram, o Arabia Saudí, que ese mismo año contó con los combatientes de otra empresa para continuar azuzando el conflicto de Yemen.
Desde hace varios años, otro de los focos de trabajo de estas empresas se encuentra en Libia, un excelente ejemplo de Estado fallido que, desde el fracaso de su primavera árabe, está sumido en el caos y donde proliferan trabajos de escolta y protección privados.
¿El contrato es la nueva ley?
Las EMSP se presentan como una alternativa más barata, más moderna y, en algunos casos, incluso más eficiente que un ejército estatal. Sin embargo, en zonas de conflicto armado se plantean varios dilemas y escenarios bastante delicados precisamente debido a la naturaleza privada de estas compañías.
Evidentemente, las EMSP son más que simples empresas que operan a escala transnacional: su uso supone una transferencia del control de la fuerza, en poder del Estado a través de las fuerzas armadas, a una entidad privada que cuenta con sus propios combatientes. El Estado, por tanto, pierde sus mecanismos tradicionales de control —las leyes, por ejemplo— al regirse por el contrato establecido; se produce una alteración de los procesos políticos en tanto la privatización de la seguridad afecta a la gobernanza y debilita la soberanía del Estado a favor de las corporaciones. Todo ello sin entrar en detalles más concretos como la obediencia a según qué mando cuando se trabaja conjuntamente con el ejército. Además, en Estados débiles o fallidos, el Estado compite con agentes de naturaleza privada que monopolizan la fuerza, lo cual dificulta el desarrollo de instituciones propias más consolidadas.
La aportación de tecnología innovadora que facilita las tareas puede, además, crear relaciones de dependencia entre los clientes y las empresas. De hecho, muchas EMSP se han convertido en proveedoras de material de defensa para los Estados y en las encargadas de su mantenimiento. Nacen así nuevas necesidades y relaciones de dependencia.
Por otro lado, las multinacionales son grandes clientes de este tipo de empresas. La contratación de sus servicios por parte de una multinacional puede provocar una situación de superioridad militar y provocar que el Estado en cuestión carezca de ningún tipo de control. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en zonas y rutas relacionadas con recursos naturales —gas, petróleo e incluso minerales preciosos—: las multinacionales que explotan estos recursos o mantienen infraestructuras relacionadas con ellos contratarán EMSP para proteger tanto la zona como las rutas de transporte.
No debemos olvidar que las EMSP son negocios, empresas, aunque trabajen con las fuerzas armadas estatales o como sustitutas de ellas. Y, como empresas, su compromiso es el cumplimiento del contrato y su objetivo final, la obtención de un beneficio. Por eso, hay que tener en cuenta que los compromisos del Estado con respecto a su ciudadanía no tienen por qué coincidir con los intereses finales de la empresa. Y esto incluye actuaciones de todo tipo.
Hay ocasiones en las que, como es el caso de la empresa española UC Global Security Consulting, los intereses estaban alejados de su contrato, pero fueron puramente humanitarios: durante la realización de un encargo, se salvó a unas niñas nigerianas de su cautiverio a manos del grupo terrorista Boko Haram. Este tipo de relatos llaman a una reflexión sobre la libertad de movimientos de los empleados de una EMSP, que no siempre tienen por qué tener fines solidarios de este calado.
En este sentido, uno de los aspectos más preocupantes de las EMSP en zonas de conflicto está relacionado con las intervenciones directas en conflictos, pero, sobre todo, con las violaciones deliberadas y flagrantes de derechos humanos. Como grupos armados no estatales, las EMSP pueden considerarse un riesgo para la estabilidad y la paz, ya que, a diferencia de los ejércitos, pueden hacer uso de la violencia para la consecución de su objetivo y sentirse legitimadas para ello por trabajar fuera de los mecanismos gubernamentales.
Si falta seguridad, hay negocio
En el contexto de conflictos armados se producen actos delictivos, abusos y violaciones de los derechos humanos. Existen casos documentados de abusos de empleados de EMSP. La empresa Blackwater, por ejemplo, está sentenciada por el asesinato de civiles desarmados en Irak —su reputación se ha deteriorado tanto que en la actualidad trabaja con otro nombre: Academi—. Las empresas Titan y CACI también fueron señaladas en su momento por la implicación de sus trabajadores en las graves torturas de la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, y DynCorp estuvo involucrada en una red de explotación sexual durante la guerra de los Balcanes, concretamente en Bosnia. Incluso la ONU reconoce su preocupación por los efectos de las actividades de las EMSP en relación con los derechos humanos, especialmente en zonas de conflicto, y además pide mayor regulación.
La lógica también invita a la reflexión: ¿qué interés tiene una empresa especializada en trabajar en zonas de conflicto en que se estabilice esa zona? Mientras haya guerra, habrá negocio. ¿Se desvirtúa entonces el contexto de seguridad real de la zona a favor de la industria de seguridad? Cualquier momento prebélico o de posconflicto puede ser aprovechado como una oportunidad de trabajo; para este tipo de empresas, lo mismo supone entrenar rebeldes libios en el inicio de la revuelta que aprovecharse de la falta de un plan de posconflicto para alargar el contrato, tal como ocurrió en Irak. Por supuesto, puede considerarse alternativamente cómo estas empresas podrían colaborar en trabajos de mantenimiento de la paz.
Con todo, los Estados son libres de contratar EMSP en conflictos armados, ya que ninguna ley lo prohíbe. El reto en estos casos es la asunción de responsabilidades en el supuesto de producirse actos ilícitos. Aunque en realidad el gran desafío desde las relaciones internacionales contemporáneas es la debilidad del marco jurídico en el que se encuadra este perfil de empresas, lo que facilita principalmente la impunidad de los contratistas e incluso el tratamiento de civiles como prisioneros de guerra en caso de secuestro.
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